La educación debe ser prioridad

Por Mateo Degrandi

Primera Edición - Agosto de 2026

El 10 de junio de 2026 se realizó en Uruguay un paro de especial importancia, no únicamente por la movilización en sí, sino porque volvió a exponer una tensión que Uruguay arrastra desde hace años.

La medida combinó un paro general parcial convocado por el PIT-CNT, entre las 9:00 y las 13:00 horas, con una paralización de 24 horas en buena parte del sistema educativo público. La convocatoria reunió a sindicatos de la enseñanza, trabajadores universitarios, funcionarios, docentes y organizaciones estudiantiles, en el marco de una discusión que excede ampliamente la medida sindical. El centro del conflicto está en la Rendición de Cuentas y en una pregunta que Uruguay no puede seguir postergando: ¿Qué prioridad real tiene la educación pública cuando llega el momento de asignar recursos?

El gobierno definió como prioridades la infancia, la seguridad, las personas en situación de calle y el empleo. Y está bien que esos temas sean prioridad. Son problemas urgentes, concretos y de absoluta importancia. Pero el punto es que la educación no compite con esas prioridades: las atraviesa. Por eso, el debate no debería reducirse a estar a favor o en contra del paro. La pregunta de fondo es si Uruguay está dispuesto a tratar la educación como una inversión estratégica o si va a seguir administrándola como un gasto que puede esperar.

Los reclamos planteados por los sindicatos de la educación apuntan a necesidades que el sistema viene señalando desde hace años: aumentar la inversión hasta alcanzar el 6% del PIB para educación y el 1% para investigación; mejorar la infraestructura de los centros; fortalecer los equipos multidisciplinarios que trabajan con estudiantes y familias; ampliar las oportunidades de formación docente; consolidar el desarrollo de la Udelar; y sostener la ciencia, la tecnología y la investigación como áreas estratégicas para el país. Estos reclamos no aparecen en el vacío. Uruguay tiene problemas educativos concretos y medibles. La cobertura ha mejorado y el egreso de educación media básica y superior ha mostrado avances, pero el dato central sigue siendo preocupante: una parte demasiado grande de los jóvenes no logra culminar sus trayectorias educativas, y quienes menos posibilidades tienen de hacerlo son, justamente, quienes vienen de los hogares más vulnerables.

Por eso, el problema no es solo entrar al sistema educativo. El problema es si el sistema logra convertirse en una herramienta real de igualdad o si termina reproduciendo las desigualdades que debería corregir. Uno de los nudos más graves es el egreso de educación media superior. En 2024, solo el 53,2% de los jóvenes de 21 a 23 años había culminado la educación media. La meta era 75%. Además, la brecha entre jóvenes de hogares de menor y mayor nivel socioeconómico sigue siendo de casi 60 puntos. Esto muestra que la educación uruguaya todavía no logra cumplir plenamente una de sus promesas más importantes: funcionar como camino real de movilidad social.

El problema no es únicamente de culminación. También es de asistencia. En primaria pública, el ausentismo crónico pasó de 46,1% en 2019 a 63% en 2024. A su vez, la asistencia suficiente muestra una diferencia muy fuerte según contexto: en las escuelas del quintil más vulnerable llega a 69,7%, mientras que en las del quintil menos vulnerable alcanza 90,8%. Es decir, incluso donde el acceso es prácticamente universal, la asistencia efectiva no lo es. Y sin asistencia no hay aprendizaje sostenido, no hay acompañamiento posible y no hay trayectoria educativa sólida. También hay problemas importantes en los aprendizajes. En PISA 2022, solo el 43% de los estudiantes uruguayos alcanzó al menos el nivel mínimo de competencia en matemática. En lectura y ciencias, el porcentaje fue de 59%. Uruguay puede ubicarse relativamente bien dentro de América Latina, pero eso no debería conformarnos. Compararse con una región que en general tiene malos resultados educativos no alcanza para construir un país desarrollado, justo y capaz de sostener oportunidades para todos.

La desigualdad atraviesa todo el sistema. La pobreza infantil en Uruguay se ubicó en 29% según la nueva medición de pobreza monetaria, lo que implica que alrededor de 230.000 niños, niñas y adolescentes viven en hogares bajo la línea de pobreza. Esa realidad no queda afuera de la escuela: entra todos los días al aula. Entra en forma de cansancio, dificultades de alimentación, problemas de salud mental, falta de acompañamiento familiar, viviendas precarias, ausencias, violencia, baja expectativa de futuro y trayectorias educativas interrumpidas. Por eso, cuando se reclama más inversión educativa, no se está hablando solamente de salarios o de edificios. Se está hablando de condiciones materiales para que el derecho a la educación sea real. Se está hablando de infraestructura, equipos técnicos, acompañamiento, becas, alimentación, formación docente, tiempo pedagógico, investigación y capacidad institucional para sostener a quienes más lo necesitan.

Hoy Uruguay destina menos del 5% del PIB a la educación. El INEEd señala que el gasto educativo alcanzó aproximadamente el 4,8% del PIB en 2024, dentro del

rango recomendado por UNESCO, que va de 4% a 6%. Pero estar dentro del rango no significa que sea suficiente para los desafíos concretos que tiene el país. La CSEU ha advertido además, que según sus estimaciones, el gasto educativo pasaría de representar aproximadamente el 4,8% del PIB a ubicarse cerca del 4,34% hacia 2029. Incluso con algunas reasignaciones presupuestales, esa cifra llegaría apenas al 4,37%. Es decir: Uruguay no solo seguiría lejos del objetivo del 6%, sino que la educación perdería peso relativo dentro de la economía. Ahí aparece el reclamo del 6+1: 6% del PIB para educación y 1% para investigación. Esta propuesta no debería verse solamente como una consigna sindical. Debería entenderse como un horizonte de país.

Significa discutir si Uruguay quiere invertir de manera sostenida en formación, conocimiento, ciencia, innovación, investigación, oportunidades y futuro.

Es cierto que más presupuesto no resuelve automáticamente todos los problemas. Sería un error pensar que alcanzar el 6% va a mejorar de un día para el otro la asistencia, el egreso, la convivencia, los aprendizajes o la desigualdad. Pero también sería ingenuo pensar que todos esos problemas pueden resolverse sin recursos. Una mejora presupuestal no es una solución mágica, pero sí puede ser una condición necesaria para avanzar en políticas más justas y efectivas.

La discusión seria no debería ser “más plata sí” o “más plata no”. La discusión debería ser: más recursos, ¿para qué? ¿Con qué prioridades? ¿Con qué metas? ¿Con qué evaluación? ¿Con qué impacto esperado? ¿Qué se financia primero: infraestructura, equipos multidisciplinarios, becas, formación docente, investigación, alimentación, tiempo extendido, acompañamiento a trayectorias? Defender la educación pública no debería significar aceptar automáticamente cada reclamo sin análisis. Pero tampoco puede significar esconderse detrás de la responsabilidad fiscal para postergar siempre lo mismo. El país también enfrenta una transformación demográfica importante. El INEEd proyecta que entre 2024 y 2036 la matrícula educativa podría caer en 165.000 estudiantes. Lejos de ser una excusa para invertir menos, esa caída debería ser una oportunidad para rediseñar el sistema: mejorar la atención en primera infancia, ampliar el tiempo pedagógico, fortalecer tutorías, acompañar mejor a los estudiantes, adecuar la oferta educativa por territorio y aprovechar la menor presión demográfica para aumentar calidad y equidad.

En paralelo, la propuesta del 1% al 1% más rico también merece una discusión seria. No puede descartarse de entrada una propuesta de financiamiento que busca aplicar una sobretasa al Impuesto al Patrimonio de las Personas Físicas sobre los patrimonios más altos del país, con destino a políticas contra la pobreza infantil. Si todos estamos de acuerdo en que infancia, educación y pobreza infantil son prioridades, entonces también hay que responder de dónde salen los recursos. El gobierno sostiene que mantendrá las metas fiscales y que financiará sus prioridades mediante reasignaciones dentro del Poder Ejecutivo. Esa puede ser una forma responsable de ordenar recursos en un escenario fiscal complejo. Pero también abre una pregunta legítima: si las necesidades son estructurales, ¿alcanza con mover recursos dentro del presupuesto existente? ¿O hace falta discutir nuevos mecanismos de financiamiento para prioridades que decimos considerar centrales?

Mi posición es clara: la educación debe ser prioridad. No como frase repetida en campaña, no como consigna general, no como declaración de buenas intenciones. Debe ser prioridad en el presupuesto, en la planificación, en la infraestructura, en la formación docente, en los equipos de apoyo, en la universidad, en la ciencia y en la investigación. Debe ser prioridad porque es transversal a casi todos los grandes problemas del país.

Si Uruguay quiere atender la infancia, necesita una educación pública fuerte. Si quiere mejorar el empleo, necesita formación. Si quiere reducir la pobreza, necesita movilidad social. Si quiere mejorar la seguridad y la convivencia, necesita centros educativos con capacidad de sostener y acompañar. Si quiere desarrollarse, necesita ciencia, tecnología, investigación y universidad pública. La educación no es una política sectorial más: es una de las bases desde las cuales se ordena el futuro.

Por eso, el paro del 10 de junio debería servir para abrir una conversación más profunda. Podemos discutir la viabilidad, el impacto y el orden de los reclamos. De hecho, hay que hacerlo. Pero lo que no podemos hacer es seguir diciendo que la educación es prioridad sin demostrarlo en las decisiones presupuestales.

La educación no es la única respuesta a los problemas del país. Pero sí es una de las bases sin las cuales ningún cambio estructural parece posible.