Nacer pobre en Uruguay

Por Valentina Villalba

Primera Edición - Agosto de 2026

Uruguay suele conocerse como un país de bienestar, con estabilidad democrática e  instituciones sólidas. La imagen que se construye es la de una sociedad con niveles  relativamente bajos de desigualdad en comparación con la región, una matriz de  protección social consolidada y una larga tradición de políticas públicas orientadas a  sostener a los sectores más vulnerables. Sin embargo, detrás de ese relato persiste una  realidad incómoda: la pobreza no afecta a toda la población por igual, sino que golpea  de forma desproporcionada a quienes recién están comenzando la vida. 

Los datos disponibles muestran un patrón que se repite año tras año y que constituye,  probablemente, uno de los principales desafíos estructurales del país: la infantilización  de la pobreza. Según información de la Encuesta Continua de Hogares (ECH) de 2025,  la incidencia de la pobreza varía de forma drástica según la edad de las personas. 

En el tramo de 0 a 5 años, alrededor del 29% de los niños se encuentra bajo la línea de  pobreza. Entre los 6 y los 12 años, la proporción alcanza el 27%, y entre los 13 y 17 años  se ubica en 26,5%. En contraste, entre las personas de 18 a 64 años la cifra cae al 15%,  mientras que entre los mayores de 65 años se reduce a apenas un 6%. 

Los números dibujan un patrón tan claro como incómodo: la pobreza tiene hoy en  Uruguay una marcada cara infantil.  Pero el fenómeno no se limita únicamente a una cuestión de ingresos monetarios. De  acuerdo con datos de UNICEF, uno de cada dos niños en Uruguay vive con alguna  privación vinculada a la vivienda o a servicios básicos. Esto significa que la pobreza  infantil no es solo una cifra, sino una experiencia cotidiana que se traduce en condiciones  de hacinamiento, dificultades de acceso al agua potable, saneamiento, calefacción o un  entorno habitacional digno. 

Estas privaciones no son hechos aislados: se combinan, se refuerzan entre sí y  configuran trayectorias de vida marcadas desde el inicio. Un niño que crece en un hogar  bajo la línea de pobreza y que, además, enfrenta carencias habitacionales, no solo tiene  menos recursos económicos: tiene menos condiciones materiales para desarrollarse,  estudiar, jugar y proyectarse. 

Otro indicador que permite visibilizar esta problemática es el trabajo infantil. A nivel  nacional, la tasa se ubica en 6,8%, lo que equivale a unas 40.200 niñas, niños y  adolescentes de entre 5 y 17 años. La distribución territorial muestra, además, una  brecha significativa: en el interior del país la incidencia alcanza el 7,7%, mientras que en  Montevideo se sitúa en el 5,2%.

Según los datos relevados, el trabajo infantil aumenta de manera sostenida con la edad:  en el tramo de 5 a 8 años la tasa es del 2%, entre los 9 y 14 años asciende al 7,6%, y  entre los 15 y 17 años alcanza el 10,6%. 

Cuando observamos su distribución según nivel socioeconómico, el fenómeno se vuelve  aún más elocuente: un 7,9% de los casos se concentra en los hogares de nivel  socioeconómico bajo. Esto sugiere que, el trabajo infantil aparece muchas veces como  una estrategia de supervivencia económica. Allí donde los ingresos familiares no  alcanzan, niñas, niños y adolescentes terminan incorporándose tempranamente a  actividades productivas o tareas de cuidado y sostenimiento del hogar, sacrificando  tiempo de estudio, descanso y recreación. 

Lo que estos datos revelan es una desigualdad que no es solo social, sino también  generacional. Mientras las personas mayores de 65 años presentan los niveles más 

bajos de pobreza, los niños y adolescentes, que dependen de los recursos del hogar en  el que nacen, son quienes enfrentan el panorama más adverso. 

Esta asimetría plantea una pregunta de fondo sobre el tipo de sociedad que se está  construyendo: ¿qué significa, en términos de futuro colectivo, que la etapa de la vida más  determinante para el desarrollo humano sea, al mismo tiempo, la más golpeada por la  pobreza? 

La infantilización de la pobreza en Uruguay es un fenómeno estructural, sostenido en el  tiempo y con consecuencias que se proyectan mucho más allá de la infancia: condicionan  trayectorias educativas, laborales y de salud durante toda la vida adulta. 

Los niños que crecen en hogares pobres tienen mayores probabilidades de acceder a  una educación de menor calidad, abandonar sus estudios antes de tiempo, insertarse en  el mercado laboral en condiciones más precarias y eventualmente, reproducir en su vida  adulta las mismas condiciones de vulnerabilidad que atravesaron durante su infancia. La  pobreza, así, no es solamente un estado: también es una herencia. 

En este sentido, se requiere una agenda de Estado que priorice a la infancia y la  adolescencia, con un abordaje integral de la problemática que supere la fragmentación  institucional y construya respuestas que comprendan la complejidad del fenómeno. No  alcanza con políticas públicas aisladas. 

Uruguay no puede seguir postergando esta discusión. Construir un país más justo  implica, necesariamente, garantizar que quienes nacen tengan derecho a una vivienda  digna, educación de calidad y seguridad alimentaria. La infancia no puede seguir siendo  la etapa más vulnerable de la sociedad uruguaya.