Mujeres en Política

Por C.C Aiello

Primera Edición - Agosto de 2026

Nuestro país suele destacarse en conversaciones acerca de la democracia en América

Latina. La estabilidad de sus instituciones y la confianza en el sistema electoral han convertido a Uruguay en la única democracia plena del continente sudamericano, siendo un ejemplo regional. Al mismo tiempo, se suma una imagen de país progresista, asociado a la temprana ampliación de derechos civiles y políticos. Desde los derechos de los trabajadores adoptados a principios del siglo XX, novedosos para la región en ese entonces, hasta las reformas más recientes en materias de derechos sociales como la legalización del aborto o el matrimonio igualitario en 2013, y la Ley de Eutanasia aprobada hace pocos meses.

Sin embargo, existe un ámbito que limita esta imagen del país: la representación política de las mujeres. A pesar de algunos avances en las últimas décadas, Uruguay continua presentando bajos niveles representación femenina en la política no solo a nivel global, sino también en comparación con la región latinoamericana. Esta situación suele resaltar ya que, además de ser un debe en materia de igualdad, contrasta con los otros indicadores altos del país en materia social y política que suele ubicar al país dentro de los mejores en la región. En este sentido, mientras Uruguay ha logrado consolidarse como una democracia estable y amplia en derechos en múltiples dimensionas, mantiene una deuda importante en términos de igualdad política con respecto al género.

Esta paradoja y reclamo no es nuevo. Desde hace años investigadoras como Niki Johnson y Verónica Pérez han señalado reiteradamente la baja representación política femenina en el país, lo cual constituye a una de las principales debilidades del sistema político uruguayo. Las investigadoras concentran su atención fuera del parlamento hacia una etapa anterior. Para ellas, el problema no comienza cuando las mujeres llegan a los espacios de representación, sino mucho antes durante la construcción de sus trayectorias políticas y los procesos de selección de candidaturas dentro de los partidos políticos, así como la conformación de sus listas. Esta mirada nos ayuda a entender cómo es que cuando hay gran presencia de las mujeres en educación, el mercado laboral o incluso dentro de la militancia política, esto no se traduce de manera estricta en una presencia equivalente dentro de los órganos de decisión.

Las mujeres están presentes, trabajan, participan y militan los espacios públicos, pero continúan encontrando mayores dificultades para acceder a los lugares donde efectivamente se distribuye el poder. La pregunta ahora es, ¿esto sucede igual en otros países de la región? Lo bueno es que las mujeres latinoamericanas en muchos de los países de la región, aunque presentan dificultades y obstáculos, mejoraron en las últimas décadas en cuanto a su presencia en espacios de poder públicos. Lo malo, es que nuestro país se quedó atrás. Las leyes de cuotas representaron un avance significativo en nuestra región para que las mujeres pudieran acceder a estos espacios.

Durante las décadas de 1990 y 2000, gran parte de América Latina adoptó mecanismos destinados a garantizar una presencia mínima de mujeres en las listas electorales, con el fin de ser traducidos en posiciones legislativas. Argentina fue pionera adoptando esta herramienta en 1991, seguida por países como Costa Rica, México, Bolivia, Ecuador, Panamá y Perú. Uruguay, sin embargo, llegó tarde a esta tendencia regional. Fue recién en 2009 cuando nuestro país aprobó la Ley de Cuotas, convirtiéndose en uno de los últimos países de América Latina en incorporar este instrumento. La nueva norma permitió incorporar gradualmente la presencia de mujeres en los órganos legislativos. Sin embargo, también puso en evidencia sus limitaciones.

Con el paso del tiempo quedó claro que la ley contaba con algunos vacíos que permitieron a algunos partidos hacer excepciones de manera deliberada. No alcanza con asegurar la presencia de las mujeres en las listas, también importa el lugar que ocupan dentro de las mismas. Una candidatura en una posición sin posibilidades reales dificulta que se efectúen los cambios dentro la composición del Parlamento. Es por esto que en los últimos años el debate regional ha progresado de las cuotas y se ha dirigido hacia la paridad. A diferencia de las cuotas, las cuales establecen mínimos de representación, la paridad busca garantizar una distribución equilibrada e igualitaria del poder político entre hombres y mujeres. Países como México, Bolivia, Costa Rica, Ecuador y Argentina han avanzado en esa dirección mediante la adopción de diferentes reformas electorales.

Los resultados han sido evidentes y han mejorado la presencia femenina en sus respectivos parlamentos. ¿Uruguay? Uruguay todavía no cuenta con una ley nacional de paridad política. La ausencia de este instrumento adquiere una relevancia especial cuando observamos el papel que cumplen los partidos políticos en la selección de candidaturas. Tal como han señalado Johnson y Pérez, la conformación de las listas continúa siendo uno de los principales filtros de acceso en a la representación política. Esta discusión acerca de la conformación de la lista y la necesidad o no de adoptar la paridad no es menor en un país como Uruguay. Siendo un país que reconoce formalmente y defiende la igualdad de derechos, continuamos demostrando resultados modestos (o insuficientes) en materia de representación. De esta manera volvemos a que el problema no es si las mujeres están o no, porque si están presentes, el problema es dónde.

De todas maneras, es importante reconocer los avances recientes. Dentro del sistema

político uruguayo, algunos sectores han impulsado transformaciones internas que han ido más allá de lo exigido legalmente. El caso más destacado es el Frente Amplio, que adoptó mecanismos internos de paridad para la conformación de sus listas a partir del ciclo electoral de 2019, siendo en 2024 la segunda vez que se presentan a las urnas con paridad en sus listas. Esta medida contribuyó a una representación más equilibrada dentro de sus bancadas parlamentarias. Es una clara evidencia de que los cambios son posibles de generarse cuando hay voluntad política.

Los avances pueden observarse también en el Poder Ejecutivo. Con la conformación

del gobierno encabezado por Yamandú Orsi, luego de las elecciones de 2024, Uruguay alcanzó una presencia histórica de mujeres en cargos de conducción. Actualmente, cinco ministerios están encabezados por mujeres: Sandra Lazo en Defensa, Cristina Lustemberg en Salud, Lucía Etcheverry en Transporte y Obras Públicas, Fernanda Cardona en Industria, Energía y Minería, y Tamara Paseyro en Vivienda y Ordenamiento Territorial. A esto se suma, como dato no menor, la presencia de Carolina Cosse como vicepresidenta de la República, siendo la segunda vez que una mujer ocupa el puesto por elecciones, luego de Beatriz Argimón en el último gobierno del Partido Nacional. A su vez, varias subsecretarías quedaron también en manos de mujeres, entre ellas Gabriela Valverde, Valeria Csukasi, Gabriela Verde, Claudia Peris y Ana Claudia Caram.

Esto, sin lugar a dudas, da una señal positiva de donde estamos parados como país y hacia donde vamos, reflejando una transformación positiva. Nunca antes tantas mujeres habían ocupado simultáneamente posiciones de poder dentro del Ejecutivo nacional. Esto refleja una transformación gradual en la distribución de poder político y demuestran nuevamente que con voluntad el cambio es posible. Igualmente, los avances recientes no deberían de ocultar el problema de fondo: la tendencia es positiva pero el paso sigue siendo lento. Uruguay ha mejorado, pero sigue por detrás de muchos países en la región que avanzaron rápidamente. Cuando hablamos de una democracia plena y representativa, no requiere únicamente ampliar los derechos formales, sino también garantizar que tanto hombres como mujeres cuenten con las mismas oportunidades reales y equivalentes dentro de los ámbitos tanto públicos como privados.

La historia reciente demuestra que el cambio es posible, las cuotas permitieron avanzar en nuestro país, y la paridad en el resto de la región deja en evidencia la posibilidad de una mejor equidad. El desafío sigue presente y las transformaciones pendientes. Mientras la representación continúe reflejando de manera imperfecta la conformación de la sociedad uruguaya, seguimos con una deuda democrática hacia nuestra sociedad. Al final del día, la democracia no se mide únicamente por la estabilidad de sus instituciones, se mide también por entender quienes tienen acceso real a ellas. Cuando las oportunidades de acceso al poder son distintas, la promesa democrática queda incompleta. Si a las mujeres aún les falta llegar, entonces Uruguay todavía tiene un debe que saldar.